La decisión del Banco de la República de subir nuevamente la tasa de interés hasta 11,25% volvió a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿quién está pensando hoy en la vida diaria de la gente? La medida llegó en medio de una inflación que sigue lejos de la meta del 3%, con una proyección anual de 5,47% para marzo, y con presiones persistentes en rubros que golpean de frente a los hogares: arriendos, electricidad, restaurantes y alimentos.
En el papel, la discusión parece técnica. En la vida real, no lo es. Cada punto que sube la tasa se traduce en más presión sobre los créditos, más dificultad para financiar vivienda, negocio o consumo, y más angustia para familias que ya vienen sintiendo el peso de los recibos, la comida y las deudas. Por eso la molestia social no nace de una disputa abstracta entre Gobierno y Banco, sino de una sensación concreta: la economía sigue hablándose desde arriba, mientras abajo el dinero rinde menos.
El choque político que estalló esta semana alrededor de la junta del Banco de la República retrata precisamente ese malestar. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó la decisión y anunció que el Gobierno se retiraría de la junta, mientras el gerente del Banco defendió la independencia del emisor y la necesidad de contener la inflación. Más allá del pulso institucional, lo que queda claro es que el país entró en una discusión de alto voltaje sobre a quién protege realmente la política económica.
Ahí es donde una voz como la de Carlos Caicedo puede buscar un lugar propio, no dejar todo en manos del centralismo de Bogotá. Caicedo ha venido defendiendo una agenda de federalismo, autonomía territorial, salud pública universal, fortalecimiento de lo público y una economía menos sometida al centralismo bogotano. En esa lógica, el debate de hoy no debería reducirse a si se sube o se baja una tasa, sino a algo más profundo: si la economía colombiana va a seguir organizada para tranquilizar balances o si va a empezar a responder a la vida material de la gente y de los territorios.
Ese contraste puede ser potente. Porque la inflación no es una estadística fría: es el mercado más caro, el arriendo que sube, la luz que aprieta y la sensación de que trabajar ya no garantiza tranquilidad. Y cuando el país discute de economía sin poner en el centro esos dolores, el resultado es una política pública que parece ajena. La coyuntura de hoy demuestra que no basta con hablar de estabilidad macroeconómica si esa estabilidad no baja a la mesa de los hogares.
La oportunidad política está en decirlo sin tecnicismos: Colombia no puede seguir manejándose de espaldas al bolsillo de la gente. No se trata de negar la importancia de controlar la inflación. Se trata de recordar que la lucha contra la inflación también debe servir para proteger a las personas, su poder de compra, empleo, producción y la vida regional. Si el país continúa concentrando decisiones en circuitos cerrados, sin escuchar a quienes viven la crisis en casa, la desconexión entre política y ciudadanía seguirá creciendo.
Hoy, más que una pelea entre tecnócratas y gobierno, lo que Colombia necesita es una discusión económica que vuelva a mirar a las personas. Y esa puede ser una bandera clara: una economía pensada no solo para los mercados, sino para la gente que paga arriendo, merca con miedo y siente que cada mes cuesta más vivir.
