La decisión de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en el Valle de Aburrá ha desatado una fuerte controversia política en Colombia, luego de que Roy Barreras reconociera que la medida podría tener efectos electorales favorables para el candidato presidencial Iván Cepeda, mientras que el gobernador de Antioquia anunció acciones legales para frenar su aplicación.
En una entrevista con el espacio Los Danieles, Barreras abordó el impacto de la decisión adoptada en el marco de la política de “Paz Total”, señalando que, aunque no considera que haya sido concebida con fines electorales, sí puede generar consecuencias en ese ámbito. “Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio con ese objetivo”, afirmó.
El dirigente político también defendió la integridad de Cepeda, a quien describió como un “defensor auténtico de derechos humanos” y un “hombre honesto y austero”, aunque reconoció que la medida constituye un error en su implementación.
Barreras advirtió que, en la práctica, las estructuras criminales pueden influir en escenarios electorales mediante mecanismos de presión sobre la población, incluyendo la recolección de cédulas y la orientación del voto en determinadas zonas. Según explicó, este tipo de dinámicas favorecen la continuidad de estas organizaciones cuando no existe una persecución efectiva.
“A ellos sí les conviene que se mantenga el statu quo, porque si no los persiguen, quieren seguir en lo mismo”, señaló, al insistir en la necesidad de que cualquier proceso de sometimiento a la justicia esté acompañado de garantías reales de desmovilización y abandono de la actividad criminal.
La polémica se intensificó con la reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien anunció la presentación de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, acompañada de una solicitud de medida cautelar de urgencia para suspender la resolución.
El mandatario departamental calificó la decisión como un acto que vulnera principios constitucionales fundamentales, entre ellos la legalidad, la separación de poderes y los derechos de las víctimas. Además, cuestionó que algunos de los beneficiarios de la medida tengan antecedentes por delitos graves como desaparición forzada, homicidio, extorsión y desplazamiento.
Rendón también criticó el impacto que esta decisión puede tener en la seguridad del territorio y en la legitimidad de las instituciones, señalando que se estaría generando un escenario de impunidad que debilita la acción del Estado frente al crimen organizado.
La resolución en cuestión, firmada el 31 de marzo por la fiscal Luz Adriana Camargo, tiene una vigencia de seis meses y establece la suspensión de órdenes de captura en determinados casos, excluyendo aquellos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos o procesos de extradición.
Desde el Gobierno
Se ha señalado que la medida busca facilitar la participación de voceros de estas estructuras en espacios de diálogo, como el Espacio de Conversación Sociojurídico de Itagüí, en el marco de los esfuerzos por avanzar en procesos de sometimiento a la justicia.
Sin embargo, el debate sigue abierto. Mientras algunos sectores defienden la iniciativa como una herramienta para avanzar en la desactivación de estructuras criminales, otros advierten sobre los riesgos de enviar señales de debilidad institucional y de afectar el equilibrio del proceso electoral.
La controversia evidencia las tensiones que rodean la política de seguridad y paz en el país, en un momento en el que las decisiones del Gobierno tienen implicaciones no solo en el orden público, sino también en el escenario político de cara a los próximos procesos electorales.
