La campaña presidencial de 2026 ya entró en una zona decisiva, pero todavía arrastra una carencia que empieza a volverse demasiado visible: los grandes candidatos siguen sin debatir de verdad. La discusión sobre un eventual encuentro entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella avanzó en los últimos días, pero terminó enredada por condiciones, desconfianzas y reclamos de exclusión, especialmente desde la campaña de Sergio Fajardo.
Eso deja una sensación incómoda. La elección sí se mueve, sí tiene tensión, sí tiene alianzas en marcha. Pero a la hora de poner a los punteros frente a frente, la campaña sigue funcionando con demasiadas precauciones. Según se ha reportado, el gran obstáculo no es la falta de interés público, sino el exceso de cálculo político: quién modera, quién entra, quién queda por fuera y bajo qué reglas se enfrentan los candidatos.
El problema de fondo es más serio de lo que parece. Una campaña sin debates robustos obliga al electorado a comparar proyectos a través de fragmentos: entrevistas amigables, giras, videos, actos de plaza o cruces en redes. Todo eso sirve para marcar tono, pero no reemplaza el momento en que un candidato tiene que defender sus propuestas bajo presión y responder en tiempo real.
La paradoja es clara: nunca hubo tanta comunicación política y, al mismo tiempo, tan poco contraste directo entre quienes aspiran a gobernar. En vez de confrontación abierta, lo que domina es la administración del riesgo. Los favoritos parecen más cómodos en el terreno del mensaje controlado que en el de la discusión exigente. Y eso, tarde o temprano, empobrece la decisión del votante.
En una elección tan cargada de polarización, el debate no debería ser un lujo ni un gesto simbólico. Debería ser una obligación democrática mínima. Por eso la pregunta ya no es solo cuándo habrá debate. La pregunta es por qué, a estas alturas, todavía hay candidaturas que parecen más interesadas en medir el escenario que en dar la pelea pública frente al país.
