Mientras se obvien las inequidades entre campo-ciudad y las de género, los logros que benefician a la población estarán incompletos.
El nuevo dato de empleo trae una noticia positiva: en febrero de 2026 la tasa de desempleo en Colombia cayó a 9,2%, frente al 10,3% del mismo mes del año anterior. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó además que la población ocupada llegó a 24,094 millones de personas, unas 624.000 más que un año atrás. Es una mejora real y merece ser reconocida. (DANE)
Pero el problema empieza cuando se quiere contar la historia completa solo con ese titular. Porque debajo de la cifra general persisten señales que el país no debería invisibilizar. El propio reporte del DANE muestra que en febrero se perdieron 363.000 puestos en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y otros 86.000 en transporte y almacenamiento. A la vez, el desempleo femenino siguió muy por encima del masculino: 11,7% para mujeres frente a 7,4% para hombres, según el boletín de las cifras oficiales. (DANE – Boletín Técnico)
Eso obliga a mirar el mercado laboral con más honestidad. Sí, la recuperación existe. Pero todavía no es una recuperación pareja. No llega con la misma fuerza al campo, ni cierra la brecha entre hombres y mujeres, ni garantiza que los sectores más sensibles de la economía estén realmente protegidos. Cuando un país celebra una mejora agregada mientras el mundo rural pierde empleo, corre el riesgo de felicitarse antes de tiempo.
Este es otro terreno donde Carlos Caicedo puede construir una posición diferenciada. Su agenda pública ha insistido en la necesidad de fortalecer lo público, ampliar derechos sociales, apostar por la universidad gratuita, la salud pública universal y un enfoque territorial del desarrollo, además de cuestionar un modelo centralista que concentra decisiones y reproduce desigualdades regionales. Esa visión encaja con una lectura del empleo que no se conforma con bajar una tasa, sino que pregunta quiénes siguen quedándose atrás.
En Colombia, el empleo no es solo un indicador económico: es también una radiografía territorial y social. Si el campo pierde tracción, se debilita una base productiva esencial. Si la brecha de género persiste, la aparente mejoría convive con una desigualdad estructural. Y si las regiones siguen sin tener el mismo acceso a inversión, infraestructura y capacidad pública, el resultado será una recuperación desigual, que mejora en promedio pero no alcanza a todos.
Por eso la narrativa más seria no es triunfalista ni catastrofista. Es esta: el empleo mejora, pero no para todos. Y reconocer esa verdad no es pesimismo; es la condición para diseñar una política laboral más justa. El país necesita empleo, sí, pero también necesita que ese empleo llegue al campo, fortalezca producción, cierre brechas y dé oportunidades reales a las mujeres.
La política tiene que aprender a decirlo con claridad. No basta con celebrar una cifra nacional si esa cifra todavía esconde rezagos tan profundos. La meta no puede ser solo bajar el desempleo en promedio. La meta tiene que ser que la recuperación se note en la finca, en el barrio y en el hogar donde hoy una mujer sigue encontrando más obstáculos para trabajar que un hombre. Esa es la diferencia entre administrar indicadores y gobernar para la gente.
