La tesis que Carlos Caicedo lanzó en redes —que la violencia no se desactiva solo con discurso, sino quitándole base social al crimen mediante estudio, empleo, deporte y cultura— sí encuentra soporte en fuentes oficiales colombianas. Aunque la cifra de 35 masacres en el trimestre proviene de Indepaz y circuló en medios y organizaciones civiles, el diagnóstico estatal va en la misma dirección: la Defensoría del Pueblo ha advertido que en múltiples regiones del país persisten disputas armadas, expansión territorial de grupos ilegales, confinamientos, desplazamientos y riesgos graves para la población civil. Solo en 2026, el sistema oficial de Alertas Tempranas registra advertencias por confrontaciones y control armado en territorios de Bolívar, Caquetá, Nariño, Cesar, Norte de Santander, Guainía y Chocó.
Ese deterioro no es abstracto: golpea, sobre todo, a jóvenes y menores de edad. En su reporte oficial sobre 2024, la Defensoría del Pueblo documentó 409 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, por encima de los 342 casos reportados en 2023, con Cauca como el departamento más afectado. En marzo de 2025, la misma entidad volvió a alertar sobre el incremento nacional de este delito, al registrar 463 casos durante 2024. Más allá de la diferencia metodológica entre ambos reportes, el mensaje institucional es inequívoco: el reclutamiento creció y la niñez sigue siendo una cantera de guerra para las estructuras armadas.
La Defensoría también ha mostrado que esa presión violenta recae con fuerza sobre jóvenes en edad de ser captados por redes criminales. En Buenaventura, por ejemplo, alertó el 31 de marzo de 2026 sobre al menos 23 asesinatos entre febrero y marzo, “principalmente de jóvenes entre los 17 y 30 años”, en medio de disputas entre grupos armados por control territorial. En ese mismo informe advirtió afectaciones a entornos escolares, extorsiones, desapariciones y patrones de reclutamiento e instrumentalización juvenil. Es decir, la violencia no solo mata: también rompe la escuela, captura barrios y convierte la falta de oportunidades en ventaja operativa para los armados.
Ahí es donde la propuesta de Caicedo conecta con un punto que el propio Estado colombiano ya reconoce. El Departamento Nacional de Planeación define el programa oficial Jóvenes en Paz como una apuesta dirigida a personas entre 14 y 28 años en riesgo de vincularse a dinámicas de criminalidad o que habitan territorios afectados por la violencia y el conflicto armado. La hoja de ruta de ese programa incluye salud emocional, educación, deporte, empleo, emprendimiento, arte, cultura y formación ciudadana, y fija una meta nacional de 100.000 beneficiarios. En otras palabras, la idea de que a la violencia se le disputa también con oportunidades ya existe en la política pública; lo que plantea Caicedo es convertir esa lógica en eje central de seguridad y no en un componente periférico.
Más aún, el programa oficial no solo reconoce el problema: incorpora un mecanismo muy parecido al corazón narrativo del planteamiento de Caicedo. La reglamentación de Jóvenes en Paz establece un componente de educación, otro de corresponsabilidad o trabajo social, uno de emprendimiento, asociatividad y empleabilidad, además de atención integral en salud mental y transferencias monetarias condicionadas. Un documento oficial del Ministerio de Igualdad precisa que esa transferencia puede durar hasta 12 meses y llegar a un millón de pesos mensuales, siempre que el joven cumpla con los componentes de educación y trabajo comunitario. Traducido al lenguaje político: “te pagamos por estudiar” no es una consigna improvisada; es una fórmula que ya tiene antecedente técnico dentro del Estado colombiano.
También el Ministerio de Educación respalda la lógica de permanencia escolar como barrera frente a la violencia. En su estrategia oficial para población afectada por la violencia, la cartera señala que articula acciones para la permanencia educativa de niños, niñas y adolescentes desplazados, desvinculados del conflicto o en riesgo de reclutamiento forzado, incluyendo atención psicoafectiva, modelos educativos flexibles y apoyos económicos y complementarios a la canasta educativa. Es decir, la escuela no aparece solo como derecho social, sino como dispositivo concreto de protección en territorios vulnerables.
La evidencia oficial, entonces, respalda al menos tres partes centrales del planteamiento de Caicedo. Primero, que el crimen organizado avanza allí donde hay vacíos de autoridad y control territorial. Segundo, que jóvenes y menores están siendo absorbidos por esas dinámicas. Y tercero, que educación, ingreso condicionado, salud mental, cultura, deporte y empleabilidad sí forman parte del menú institucional reconocido por el propio Estado para prevenir violencia y reclutamiento. Lo que está en discusión no es si esa ruta tiene fundamento, porque sí lo tiene; lo que está en discusión es si Colombia va a seguir tratando estas herramientas como programas aislados o si, como propone Caicedo, las convierte en el centro de una estrategia nacional para quitarle base social a la guerra.
