El aumento de masacres y la fragmentación del conflicto reabren el debate sobre la efectividad de las estrategias de seguridad
En los primeros meses de 2026, Colombia enfrenta un dato difícil de ignorar: el país registra uno de los inicios de año más violentos de la última década. Las cifras, que incluyen decenas de masacres y más de un centenar de víctimas, contrastan con el discurso institucional que ha puesto la paz en el centro de la agenda.
Esta tensión no es nueva, pero sí se ha intensificado. Mientras desde el nivel central se insiste en la necesidad de avanzar en procesos de negociación y desescalamiento, en distintos territorios la violencia no solo persiste, sino que se transforma.
En esa distancia entre el discurso y la realidad se configura uno de los debates más sensibles del momento político.
Una violencia que ya no responde a una sola lógica
A diferencia de etapas anteriores del conflicto colombiano, la violencia actual no está concentrada en un único actor ni responde a una estructura centralizada.
Informes de la Fundación Ideas para la Paz y del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz coinciden en señalar una fragmentación del escenario armado, con presencia simultánea de disidencias de las FARC, estructuras del ELN y grupos locales con dinámicas propias.
Esta configuración genera un tipo de conflicto más disperso, menos predecible y, en muchos casos, más difícil de contener desde estrategias tradicionales.
* La coexistencia de múltiples actores armados implica que los acuerdos o avances con uno de ellos no necesariamente se traducen en una reducción general de la violencia, ya que otros grupos ocupan rápidamente los espacios dejados.
* La descentralización del conflicto produce dinámicas locales autónomas, donde las decisiones se toman en función de economías ilegales y disputas territoriales específicas, más que de lineamientos políticos centralizados.
Este cambio redefine las condiciones bajo las cuales se puede construir seguridad.
El aumento de masacres como síntoma de una disputa territorial.
Las cifras recientes sobre masacres no solo reflejan un aumento en la violencia, sino también un patrón: la consolidación de disputas por el control territorial.
En muchas regiones, estos hechos están asociados a luchas por corredores estratégicos, economías ilegales y control social. Más que eventos aislados, responden a una lógica de posicionamiento y dominio.
Este tipo de violencia tiene un impacto profundo, no solo por el número de víctimas, sino por su efecto en las comunidades, donde genera desplazamiento, temor y debilitamiento del tejido social.
La “paz total” frente a una realidad fragmentada.
El enfoque de negociación amplia, conocido como “paz total”, ha buscado abrir canales con distintos actores armados de manera simultánea. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos en un contexto donde el conflicto no es homogéneo.
El problema no radica únicamente en la intención de negociar, sino en la complejidad del escenario en el que se intenta hacerlo.
* La diversidad de actores con intereses distintos dificulta la construcción de acuerdos integrales, ya que cada grupo responde a lógicas propias y a incentivos diferentes.
* La falta de control territorial efectivo limita la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de compromisos, lo que debilita la confianza en los procesos.
* La persistencia de economías ilegales actúa como motor de continuidad del conflicto, independientemente de los avances políticos que puedan lograrse.
En este contexto, la paz deja de ser un objetivo lineal y se convierte en un proceso condicionado por múltiples variables.
El impacto político de la inseguridad territorial más allá del discurso
La evolución de la violencia no solo tiene implicaciones humanitarias, sino también políticas. La seguridad vuelve a posicionarse como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
En territorios afectados, la percepción de abandono estatal y la persistencia de la violencia influyen directamente en la forma en que se evalúan las políticas públicas y las propuestas de los distintos actores políticos.
Esto reconfigura el debate electoral, donde la discusión sobre la paz ya no se limita a su viabilidad, sino a su efectividad concreta en el territorio
El principal reto no es únicamente reducir la violencia en términos estadísticos, sino lograr una presencia estatal efectiva en las regiones más afectadas.
Esto implica no solo acciones de seguridad, sino también:
* fortalecimiento institucional
* desarrollo económico
* garantía de derechos
Sin estas condiciones, cualquier estrategia de paz enfrenta límites estructurales.
Un país donde la violencia redefine el debate político – entre promesa de paz y realidad territorial.
Colombia se encuentra en un punto donde la violencia ya no puede analizarse únicamente desde el pasado del conflicto, sino desde su transformación presente.
La fragmentación, la persistencia de economías ilegales y la disputa territorial están configurando un escenario en el que las respuestas tradicionales resultan insuficientes.
En ese contexto, el debate político se redefine: no se trata solo de cómo alcanzar la paz, sino de cómo sostenerla en territorios donde aún no se ha consolidado.
La tensión entre el discurso institucional y la experiencia territorial no implica necesariamente una contradicción absoluta, pero sí evidencia una brecha que requiere ser abordada.
Esa brecha es, en gran medida, el espacio donde se definirá el futuro político del país.
Porque en Colombia, la paz no se mide únicamente por los acuerdos firmados, sino por su capacidad de transformar la realidad en los territorios donde la violencia sigue siendo una constante.
