Una nueva controversia rodea a la plataforma de domicilios Rappi en Colombia tras la denuncia de más de 2.300 repartidores que aseguran haber sido bloqueados de la aplicación sin previo aviso. La situación derivó en protestas este lunes 20 de abril frente a la sede de la empresa en Bogotá, donde cientos de domiciliarios exigieron explicaciones y soluciones.
De acuerdo con los testimonios de los manifestantes, las suspensiones se habrían producido desde el pasado 17 de marzo, generando incertidumbre entre quienes dependen de la plataforma como fuente principal de ingresos. Los repartidores señalan que muchas de las cuentas fueron inhabilitadas sin comunicación previa ni claridad sobre las razones.
Algunos de los afectados aseguran que los bloqueos podrían estar relacionados con cambios en los dispositivos móviles, ya que la aplicación tendría restricciones para equipos que no cumplen con sus términos y condiciones. Sin embargo, la falta de información oficial sobre estos criterios ha sido uno de los principales motivos de inconformidad.
La protesta se da en un contexto en el que la compañía ha enfrentado cuestionamientos regulatorios. Recientemente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de 4.000 millones de pesos a Rappi por irregularidades como cobros no autorizados, problemas en la entrega de productos y deficiencias en la información al usuario.
Frente a la situación, Rappi emitió un comunicado en el que explicó que el bloqueo de las cuentas responde a su política de seguridad y a la implementación de nuevos mecanismos antifraude. Según la empresa, estas medidas buscan identificar el uso indebido de la plataforma, incluyendo la utilización de múltiples cuentas por una misma persona, inconsistencias en la información financiera, el alquiler o uso compartido de cuentas y otros comportamientos asociados a fraude.
“La seguridad en la plataforma no es negociable. Cuando detectamos y corroboramos un uso indebido, actuamos de inmediato”, señaló la compañía, que también indicó que realiza más de 29.000 validaciones diarias y que cerca del 25 % de los intentos de registro son rechazados por no cumplir los requisitos establecidos.
La empresa aclaró que estas acciones no afectan a los más de 70.000 repartidores que, según afirma, operan de manera adecuada dentro de la aplicación. Además, aseguró que trabaja de forma articulada con las autoridades para investigar posibles irregularidades.
Mientras tanto, los domiciliarios insisten en la necesidad de establecer canales claros de comunicación y mecanismos de revisión de los bloqueos, con el fin de garantizar transparencia en las decisiones que impactan directamente su actividad laboral.
El caso reabre el debate sobre las condiciones de trabajo en plataformas digitales y la necesidad de equilibrar los controles de seguridad con la estabilidad de quienes dependen de estas aplicaciones para generar ingresos en el país.
