En Colombia, hablar de seguridad casi siempre activa el mismo libreto: más patrullaje, más capturas, más pie de fuerza, más inteligencia, más cárceles. La campaña presidencial de 2026 no ha escapado a esa rutina. Pero Carlos Caicedo está intentando romperla desde otro ángulo. Su tesis no niega la autoridad del Estado ni el control del delito, pero sí corre la discusión hacia un punto más incómodo: cuántos jóvenes siguen entrando a la violencia porque nadie llegó antes que el crimen.
Esa idea quedó expuesta con claridad en una entrevista con Infobae el 1 de abril, cuando Caicedo cuestionó el tono con que se discute la llamada paz urbana y lanzó una frase que condensó su posición: “¿Será que ellos nacieron pandilleros?”. La frase no buscaba negar la criminalidad. Buscaba señalar que detrás del pandillero, del reclutado y del muchacho que termina sirviendo a una estructura armada hay una historia previa de abandono, pobreza, falta de escuela, falta de ingresos y ausencia de Estado. En otras palabras: la inseguridad no empieza cuando se dispara un arma, sino mucho antes.
Esa es la diferencia que Caicedo quiere rescatar. Mientras otros candidatos compiten por sonar más duros, él intenta instalar una idea más amplia de seguridad: una que integre presencia estatal, prevención, educación, ingreso y capacidad territorial para actuar. No es una apuesta sencilla en un país donde el miedo suele empujar el debate hacia respuestas rápidas y punitivas. Pero precisamente por eso destaca. Porque no empieza por el castigo. Empieza por la fábrica social que sigue produciendo jóvenes disponibles para el crimen.
Su propuesta en seguridad habla de quitarle al crimen su cantera de reclutamiento
La pieza más visible de ese enfoque es “Te pagamos por estudiar”. Lo que en principio parece una propuesta educativa o social, Caicedo la está presentando también como una política de seguridad. Caicedo explicó que quiere entregar medio salario mínimo a estudiantes de décimo y undécimo, o a sus familias, para evitar la deserción escolar en un momento crítico de la adolescencia. Su argumento fue directo: mientras las estructuras criminales seducen a los jóvenes con dinero, el Estado tiene que competir ofreciendo permanencia educativa, ingreso y futuro. Allí dijo, literalmente, que si a un muchacho “ellos le ofrecen un millón”, el Estado debe ofrecerle apoyo económico y un cupo para que permanezca estudiando.
Visto así, el planteamiento deja de ser solo una política social. Se convierte en una estrategia de prevención. Caicedo está diciendo que una parte de la seguridad nacional se juega antes de que aparezca el arma, la motocicleta o el combo: se juega en el colegio, en el barrio, en la posibilidad de seguir estudiando o en la obligación de abandonar todo por falta de plata. Esa lógica se refuerza con otra parte de su propuesta: la creación de campus universitarios en municipios intermedios, con entre 4.000 y 5.000 cupos por campus, para ampliar cobertura y evitar que miles de jóvenes queden a mitad de camino entre la secundaria y la nada.
No es una preocupación abstracta. En junio de 2025, se reportó un aumento en el reclutamiento de jóvenes por parte de bandas criminales en Magdalena, con casos en Santa Marta, Ciénaga y la Zona Bananera. El reporte describía ofertas de entre 1,2 y 1,5 millones de pesos para enganchar a muchachos vulnerables, un dato que vuelve mucho más concreta la insistencia de Caicedo en competirle al crimen también por la vía del ingreso y de la permanencia escolar. Cuando él habla de seguridad desde la educación, no está improvisando una consigna simpática; está reaccionando a una realidad que ya golpea de frente a los territorios donde construyó su carrera política.
La seguridad también depende de que las regiones tengan más poder para responder
La segunda gran capa de su propuesta está en el Estado territorial. Caicedo viene diciendo que Colombia sigue siendo un país donde las regiones piden ayuda, pero no tienen poder suficiente para decidir. En la entrevista del 2 de abril sostuvo que los territorios reclaman más maestros, más centros de salud y también más policías para la seguridad ciudadana, pero que muchas de esas decisiones siguen atrapadas en una lógica centralista. Por eso insiste en redistribuir competencias y recursos hacia las regiones.
Ese planteamiento se conecta con una línea más amplia de su programa. En El Espectador habló de impulsar un proceso de federalización para dar autonomía y capacidad de decisión a las regiones, junto con salud pública universal, universidad gratuita, reforma agraria y mayor participación estatal en servicios públicos. Dentro de esa arquitectura, la seguridad no es un compartimento aislado. Es una función del Estado que, según su visión, debe ejercerse con más cercanía territorial y menos dependencia de un centro político que decide tarde y conoce mal las realidades locales.
Ahí está una de las particularidades de su candidatura. Mientras otros aspirantes prometen seguridad desde el mando central, Caicedo intenta vincularla a una redistribución real del poder estatal. Su discurso no dice solo “más seguridad”, sino “más capacidad de las regiones para proteger a su gente”. Eso le da una textura distinta al debate: no se trata únicamente de cuántos uniformados hay, sino de quién puede decidir, actuar y prevenir a tiempo.
Una seguridad más social no significa una seguridad más blanda
En Colombia, todo candidato que se salga del tono de mano dura corre el riesgo de ser acusado de ingenuo o de débil frente al crimen. Caicedo está apostando a otra cosa: a que el país empiece a entender que prevención no significa permisividad, y que una política seria de seguridad no puede limitarse a perseguir el último eslabón de la cadena criminal mientras deja intacta la cantera humana que la alimenta.
El reto es enorme, sobre todo porque el contexto empuja en sentido contrario. Los debates sobre paz urbana, estructuras criminales y suspensión de órdenes de captura han endurecido la conversación pública. En ese ambiente, hablar de educación, permanencia escolar y oportunidades puede sonar menos espectacular que prometer redadas y castigos. Pero también puede sonar más profundo. Y eso es justamente lo que Caicedo quiere proponer: que detrás del discurso fuerte de muchos candidatos hay propuestas similares, mientras que la suya busca abrir una grieta distinta en la conversación nacional.
La pregunta no es solo si su propuesta es más humana. La pregunta es si puede ser también más eficaz. Si un país deja que el crimen siga reclutando adolescentes porque la escuela se queda corta, la plata no alcanza y las regiones no tienen capacidad para reaccionar, entonces la inseguridad seguirá reproduciéndose aunque se multipliquen los operativos. Ese es el corazón del planteamiento de Caicedo: la seguridad no se gana solo persiguiendo a quien ya cayó, sino rescatando antes a quien todavía puede no caer.
Por eso su apuesta merece atención. No porque sea la única voz distinta en el debate, sino porque es una de las pocas que intenta moverlo hacia donde casi nadie quiere mirar: el punto exacto en el que la exclusión social empieza a convertirse en violencia organizada. Si logra o no convertir esa intuición en bandera electoral, se verá más adelante. Pero ya consiguió una cosa: meter en la campaña una pregunta incómoda, porque obliga a pensar la seguridad no solo como castigo, sino como un destino que todavía puede cambiarse antes de que sea demasiado tarde.
