En Colombia, hablar de transición energética no es solo hablar de sostenibilidad. Es, sobre todo, hablar de dinero. De ingresos fiscales, de estabilidad económica y de un modelo que, aunque cuestionado, sigue siendo fundamental para el funcionamiento del país. Ese fue el trasfondo del debate en el que los candidatos presidenciales Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo expusieron sus visiones sobre uno de los temas más complejos de la agenda nacional.
Las cifras lo explican todo. Entre 2020 y 2024, la explotación de minas y canteras representó en promedio el 18 % del recaudo tributario en Colombia. Y entre 2022 y 2025, las industrias extractivas aportaron cerca de 40 billones de pesos en regalías. Estos datos no solo reflejan la magnitud del sector, sino también el nivel de dependencia que tiene el país frente a los combustibles fósiles.
Ese es el punto de partida del debate: cómo avanzar hacia energías limpias sin desestabilizar las finanzas públicas.
Los candidatos coinciden en que la transición es necesaria, pero difieren en la velocidad, el enfoque y las prioridades. La discusión no es si Colombia debe transitar hacia un modelo energético más sostenible, sino cómo hacerlo sin sacrificar los recursos que hoy financian gran parte del gasto público.
En el centro de esa tensión está el papel del petróleo y el gas. Durante décadas, estos sectores han sido pilares de la economía colombiana, no solo por su contribución al recaudo, sino por su impacto en la inversión, el empleo y las finanzas territoriales a través de las regalías. Sin embargo, también representan una fuente de presión en términos ambientales y de sostenibilidad a largo plazo.
La transición energética, entonces, se convierte en un equilibrio delicado. Avanzar demasiado rápido podría afectar los ingresos del Estado y generar incertidumbre económica. Hacerlo demasiado lento podría profundizar la dependencia de un modelo que enfrenta crecientes cuestionamientos globales.
Ese dilema atraviesa las propuestas de los candidatos.
Algunos plantean una transición gradual, que permita mantener la estabilidad fiscal mientras se desarrollan nuevas fuentes de energía. Otros insisten en acelerar el cambio, apostando por diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los hidrocarburos en el mediano plazo.
Pero más allá de las diferencias, hay un consenso implícito: Colombia no puede desligarse de los hidrocarburos de un día para otro.
La discusión, en ese sentido, deja de ser ideológica y se vuelve técnica. ¿Cómo reemplazar una fuente de ingresos que representa una parte significativa del recaudo? ¿Cómo garantizar que las regiones que dependen de las regalías no queden desfinanciadas? ¿Y cómo hacerlo en un contexto global donde la transición energética ya no es una opción, sino una obligación?
El debate también pone sobre la mesa una realidad incómoda: la transición energética no es gratuita. Requiere inversión, planificación y, sobre todo, tiempo. Y en ese proceso, el país deberá tomar decisiones que inevitablemente implican costos.
En medio de la campaña presidencial, este tema se posiciona como uno de los más determinantes para el futuro económico del país. No solo define la política energética, sino también el modelo de desarrollo que Colombia quiere construir en los próximos años.
Porque, al final, la transición energética no es solo un cambio de fuentes.
Es un cambio de modelo.
