La reforma laboral aprobada en 2025 marcó un punto de inflexión para miles de mujeres en Colombia que durante décadas han sostenido, desde el cuidado diario, uno de los pilares más sensibles del país: la atención a la primera infancia. Las madres comunitarias y sustitutas, vinculadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), comienzan ahora un proceso de formalización laboral que redefine sus condiciones de trabajo y reconoce, de manera más estructural, su papel dentro del sistema social.
El cambio no es menor.
Por primera vez, estas trabajadoras avanzan hacia una vinculación formal como parte de la planta de personal del Estado, lo que implica acceso a salario, prestaciones sociales y estabilidad laboral. Este proceso se da en el marco de la Ley 2466 de 2025, una normativa que introdujo transformaciones amplias en el mercado laboral colombiano, pero que en este caso tiene un impacto particularmente significativo en el sector del cuidado.
El eje central de esta transformación está en el artículo 68 de la ley, que ordena la vinculación progresiva de madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles como trabajadoras oficiales del ICBF. Esto significa que dejarán atrás esquemas más precarios de vinculación para integrarse al empleo público bajo condiciones más estables y garantistas.
En términos concretos, la formalización implica que estas mujeres devengarán el salario mínimo legal vigente, que actualmente se ubica en $1.750.905, además de un auxilio de transporte de $249.095 y todas las prestaciones sociales correspondientes. Esto representa un cambio estructural en la forma en que el Estado reconoce y remunera una labor que ha sido históricamente invisibilizada.
El proceso no será inmediato, pero sí progresivo.
Se estima que más de 60.000 mujeres en todo el país desempeñan actualmente estas funciones, y la meta es que la formalización avance gradualmente hasta el año 2029, dependiendo de la disponibilidad presupuestal. Para iniciar este camino, ya se expidieron los decretos 1398 y 0586 de 2025, que crearon 2.353 cargos como trabajadoras oficiales dentro del ICBF.
Más allá del salario, la reforma también incorpora beneficios adicionales que impactan directamente las condiciones laborales. Entre ellos, el reconocimiento del recargo nocturno desde las 7:00 de la noche, con un adicional del 35 % sobre la hora ordinaria, y el ajuste progresivo del pago de dominicales y festivos, que pasará del 80 % en 2025 al 90 % en 2026 y alcanzará el 100 % en 2027.
Estos cambios no solo mejoran la remuneración, sino que también alinean las condiciones de estas trabajadoras con el resto del mercado laboral formal en el país.
El contexto en el que se da esta transformación es clave para entender su alcance. Las madres comunitarias y sustitutas cumplen funciones esenciales: cuidan, alimentan, protegen y acompañan el desarrollo de niños y niñas en condición de vulnerabilidad, muchos de ellos víctimas de violencia o provenientes de entornos complejos. Su trabajo se desarrolla en hogares comunitarios, hogares infantiles y hogares sustitutos distribuidos en todo el territorio nacional.
Actualmente, cerca del 72 % de estos servicios opera bajo un modelo público comunitario, y más de 45.000 unidades funcionan en al menos 30 departamentos, lo que evidencia la magnitud de esta red de atención. Sin embargo, durante años, este sistema ha dependido del compromiso de mujeres que, pese a su rol fundamental, no contaban con las garantías laborales básicas.
La reforma busca corregir esa deuda histórica.
Pero también plantea desafíos. La implementación dependerá de la capacidad fiscal del Estado y de la articulación institucional para garantizar que el proceso avance sin afectar la cobertura del servicio. Además, implica una transición en la forma de gestión del talento humano dentro del ICBF, que deberá adaptarse a un esquema más formalizado.
Aun así, el cambio ya marca un precedente.
Reconocer a las madres comunitarias como trabajadoras oficiales no es solo una decisión administrativa. Es un mensaje político y social que redefine el valor del cuidado dentro del país. Un sector que durante años fue visto como una extensión del trabajo doméstico comienza a ser entendido como una actividad profesional, esencial y digna de protección laboral.
En ese sentido, la reforma no solo impacta a quienes hoy ejercen esta labor.
También transforma la manera en que Colombia entiende el cuidado.
Y lo reconoce, finalmente, como trabajo.
